El proyecto de Ley Integral sobre la Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sufrió un “frenazo” en República Dominicana, cuando el Senado aprobó una solicitud del Poder Ejecutivo para retirarlo y realizarse “adecuaciones”.
Por Sandra Madiedo Ruiz
Desde hacía semanas, el senado de República Dominicana estudiaba un proyecto integral de ley que reúne derechos y garantías para víctimas de trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, que venía provocando discrepancias en la opinión pública del país.
El Poder Ejecutivo, en la persona del presidente Luis Abinader, realizó un pedido de retiro del proyecto mediante una carta, con la finalidad de hacer cambios al mismo, detalla una nota de Listín Diario.
“Es de interés del Poder Ejecutivo impulsar adecuaciones a su propuesta en consenso con el liderazgo político y social de la nación, para delimitar con mayor precisión y claridad, la naturaleza, el alcance y la finalidad de las normas jurídicas de tan importante proyecto”, refería el documento.
Finalmente, el senado aprobó al retiro del proyecto, que debe ser sometido al Congreso dentro de 45 días, según se supo, con los cambios ya añadidos.
El proyecto de ley fue presentado el pasado 12 de diciembre ante el Senado por el Poder Ejecutivo y contempla una serie de medidas y acciones que favorecerían a las personas que sean objeto de trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes.
Pero, en su contra se habían expresado voces como la de Abel Martínez Durán, alcalde de Santiago y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Nos están diciendo que millones de ciudadanos haitianos con tan solo admitir que son víctimas de trata o tráfico ilícito, sin investigación previa, podrán adquirir derechos y privilegios adicionales a los ya establecidos en el marco del Derecho Internacional Humanitario para este tipo de casos”, dijo el político.
El cuerpo legislativo plantea, entre otros asuntos, permitir que las víctimas permanezcan de forma regular en el país, para lo cual deberían “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.