En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, la protección de datos personales se ha convertido en un tema de relevancia crítica, pero en América Latina y el Caribe (ALC) todavía es una realidad “novedosa” y un reto para las instituciones y los gobiernos.
En la región, apenas diez países tienen una agencia especializada encargada de la vigilancia y el cumplimiento de estas normas, algo que subraya la necesidad de un mayor desarrollo y concienciación en este campo.
El hecho es que, a diferencia de otras áreas del mundo, la evolución de las leyes de protección de datos personales ha estado marcada por su relativa novedad y una diversidad de enfoques y madurez jurídica en esta zona geográfica, indica el Banco Interamericano de Desarrollo.
En Latam, las legislaciones de protección de datos personales han evolucionado de manera desigual y si las comparamos con los estándares iberoamericanos desarrollados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, las de Barbados, Ecuador y México son las que mejor se ajustan a este modelo regional.
Pese a la novedad, hay buenos ejemplos de parte de ciertos gobiernos para proteger y garantizar el tratamiento adecuado de los datos de sus ciudadanos, como en el caso de Brasil, donde, por ejemplo, fue multada una plataforma de redes sociales en 2022 por la filtración de datos de 443,000 usuarios brasileños.
De igual manera, Colombia implementa medidas importantes mediante su Autoridad de Protección de Datos (DPA), para reforzar la seguridad de más de 31 millones de sus ciudadanos en esta materia.
Mientras que en México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) comenzó un proceso de verificación contra una plataforma por el empleo de la información de los usuarios.
“En una sociedad que transita cada vez con mayor velocidad hacia entornos digitales, reconocemos la necesidad de contar con un marco regulatorio no solo para la protección de la ciudadanía, sino también para el impulso a la innovación, la economía digital, la inclusión y el desarrollo de toda la población”, apunta el BID.
La institución recuerda que el desafío va más allá de la mera creación de leyes, pues se necesita fomentar capacidades institucionales específicas para supervisar y hacer cumplir estas normativas que, sin estas, caerían en saco vacío.
La protección de datos personales debería ser un pilar fundamental en la construcción de un futuro digital más seguro y próspero para América Latina y el Caribe.
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